La adopción de la responsabilidad social empresarial por el sector minero internacional
The adoption of corporate social responsibility in the international mining sector

Rebeca Orozco Aceves
Doctorante en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas
rebeca_orozco@hotmail.com

 

RESUMEN
Este trabajo argumenta que la adopción de la retórica de la responsabilidad social empresarial (rse) por el sector minero internacional responde a la fuerte oposición y escrutinio público derivados de los impactos ambientales y sociales negativos de sus operaciones en países de la periferia capitalista. Para el sector minero, la rse ha servido para influir en los debates internacionales sobre gobernanza de los recursos naturales, abogando por esquemas autorregulatorios de la actividad extractiva, y para manejar la conflictividad con comunidades aledañas a los proyectos mineros. Si bien los estudios que abordan el desarrollo histórico y conceptual de la rse enfatizan valores éticos y morales como sus principales impulsores, se mostrará que el antagonismo social ha tenido un papel fundamental en el involucramiento y supuesta contribución del sector privado a causas sociales y al desarrollo local. En un contexto de profundización del extractivismo como modelo de desarrollo en países de Latinoamérica y un imperativo por expandir la frontera extractiva, la rse ha servido para sortear el fuerte antagonismo social, que, en distintas intensidades, interrumpe o bloquea su avance.

Palabras clave: extractivismo, despojo, responsabilidad social empresarial, antagonismo social.

 

ABSTRACT
This article shows that the adoption of Corporate Social Responsibility (csr) rhetoric by the international mining sectors derives from the opposition and public scrutiny resulting from the social and environmental negative impacts of its operations, mainly in countries of the capitalist periphery. For mining sector, csr has been useful to influence the natural resources governance debates, advocating for self-regulation schemes; and to manage conflict with communities affected by its operation. Although studies of the historic and conceptual development of csr emphasize ethical and moral values as its main drivers, this article shows that social antagonism has played a key role in the private sector’s involvement and supposed contribution to social causes and community development. In a context of accelerated extractivism as an economic development strategy in most Latin America countries and an imperative to expand the extractive frontier, csr has been useful to manage social antagonism that has, in different intensities, blocked and/or interrupted its advance.

Keywords: extractivism, dispossession, corporate social responsibility, social antagonism.

Fecha de recepción: 1 de diciembre de 2022
Fecha de aprobación: 20 de febrero de 2023

A finales de la década de los noventa del siglo xx, las empresas mineras transnacionales empezaron a definirse como socialmente responsables, sustentables y comprometidas con los derechos humanos y el desarrollo local. Desde entonces, el sector minero es el que más ampliamente ha adoptado y desarrollado la retórica de responsabilidad social empresarial (rse) de manera internacional.[1] Hecho desconcertante dado que algunos años atrás, las mismas empresas eran indiferentes ante la idea de contribuir con la sociedad más allá de sus obligaciones legales o de cuidar al medio ambiente; por el contrario, estaban dispuestas a violar regulaciones y derechos humanos si las ganancias lo valían.[2]

La adopción de la rse por el sector minero internacional se da en un contexto en el que el extractivismo[3] es reeditado y profundizado como estrategia de desarrollo en diversos países de América Latina (AL), a través de una embestida de mecanismos de acumulación originaria; es decir, por medio del despojo violento de comunidades de sus medios de producción y vida.[4] La expansión de actividades mineras ha empujado la frontera extractiva hacia territorios en los que se encuentran depósitos no explotados de minerales; territorios habitados o usufructuados por comunidades campesinas e indígenas. Ya que la megaminería compite con y desplaza a otros usos de la tierra y de recursos naturales como el agua, sobre todo a aquellos orientados a la reproducción material y social de comunidades locales; el aumento de proyectos mineros se basa en la reasignación del acceso y control de los territorios y los recursos naturales de sus actuales dueños, habitantes o usufructuarios a empresas capitalistas.[5]

Por lo anterior, a lo largo de América Latina han surgido conflictos con diversas orientaciones entre comunidades y empresas extractivas, así como resistencia al despojo territorial; al acaparamiento de tierras, la privatización y contaminación de agua; la degradación ambiental; el desplazamiento de comunidades y la pérdida de sus medios de subsistencia.[6] En consecuencia, el antagonismo social se ha configurado como un obstáculo que desvía, bloquea o interrumpe en distintas intensidades el avance de proyectos extractivos.[7]

En ese sentido, la adopción de rse por el sector minero internacional es analizada como estrategia para manejar la conflictividad alrededor de los proyectos extractivos, desactivar la resistencia y establecer condiciones favorables para la expansión y apropiación capitalista de recursos naturales.[8] Desde los años noventa del siglo XX, la rse ha tenido un papel relevante en las dinámicas de expansión y resistencia a las actividades extractivas. Su rol ha sido particularmente importante para incidir en dos ámbitos fundamentales para la actividad minera: 1) la gobernanza de los recursos naturales, abogando por esquemas de auto regulación de la actividad empresarial, y 2) en la relación con las comunidades aledañas a sus operaciones. Desde su desarrollo histórico y conceptual, la idea de rse ha enfatizado valores éticos y morales para legitimar y establecer condiciones favorables a sus operaciones; sin embargo, se argumentará que el antagonismo social ha desempeñado un rol importante en su desarrollo como estrategia que busca invisibilizar asimetrías de poder y, en el caso del sector minero, el despojo que viven las comunidades.

El desarrollo de la retórica de la responsabilidad social empresarial

En la década de los años cincuenta del siglo pasado se entablaron las primeras discusiones académicas sobre la supuesta responsabilidad de las empresas privadas con la sociedad más allá de la generación de ganancias. Desde entonces, el desarrollo conceptual de la rse y los estudios que rastrean sus raíces históricas desde perspectivas convencionales han sido un campo académico sumamente fructífero, sobre todo en las escuelas de negocios asentadas en países centrales. En estos estudios se va construyendo una narrativa que enfatiza valores éticos y morales como principales impulsores del involucramiento y contribución empresarial a causas sociales; narrativa que enmascara su lógica subyacente: la legitimización de actividades empresariales frente al antagonismo social.

De acuerdo con los estudios históricos, una de las primeras manifestaciones del “componente social” en el comportamiento empresarial se da en la Inglaterra del siglo xix, con las actividades filantrópicas de los industriales victorianos. Los llamados “filantrópicos victorianos” son descritos como grandes idealistas y humanistas con una fuerte sensibilidad social, cuyas actividades filantrópicas estaban impulsadas por una conciencia social influida por valores religiosos como la benevolencia y la compasión.[9] Lo que omite la literatura convencional es que justamente en Inglaterra del siglo xix existía una fuerte confrontación de clase; una guerra social abierta entre la clase trabajadora, que buscaba una mejor existencia, y la clase poseedora, que defendía sus intereses fundados en la explotación de la primera.[10] En su relato de 1845 sobre las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, Engels sostiene que la filantropía victoriana no tenía más que el objetivo de promover y disimular con hipocresía los intereses de la clase burguesa:

¿Usted dice que los ingleses ricos, que han creado establecimientos de beneficencia como no se ven en ningún otro país, no piensan en los pobres? [...] ¡Como si fuese a ayudar al proletario comenzar por explotarlo hasta sangrar para luego practicar tu autocomplaciente filantropía sobre ellos, presentándose ante el mundo como grandes benefactores de la humanidad cuando regresas a las víctimas saqueadas la centésima parte de lo que les corresponde! [...] ¡Está claro! La burguesía inglesa practica la caridad por interés, no da nada gratis, considera sus donaciones como un negocio.

La literatura convencional sitúa en un punto posterior los antecedentes históricos de la rse en las actividades filantrópicas de los grandes industriales estadounidenses de principios del siglo xx, como John D. Rockefeller, industrial petrolero y Andrew Carnegie, industrial acerero, quienes debido a su gran preocupación por causas sociales y gracias a su gran generosidad decidieron hacer algo al respecto en el contexto de sus negocios, donando enormes cantidades de dinero a causas sociales[11]. Nuevamente, lo que la literatura convencional no menciona es que estos grandes filántropos estadounidenese, desde espacios intelectuales, académicos, periodísticos y de activismo social, fueron objeto de fuertes críticas que evidenciaban las prácticas predatorias, e incluso ilegales a través de las cuales habían logrado ejercer control monopólico en sus respectivos sectores industriales. Críticas en forma de libros, ensayos y artículos periodísticos comenzaron a tener una gran influencia en la opinión pública, creando un ambiente de suspicacia y hostilidad hacia los líderes empresariales de Estados Unidos, a quienes se les denominó los barones ladrones. De acuerdo con Hobsbawm (2009), la filantropía practicada por esos poderosos industriales “tenía la ventaja de que suavizaba de forma retrospectiva el perfil público de unos hombres cuyos trabajadores y competidores en los negocios recordaban como predadores despiadados”.[12]

En los años cincuenta del siglo pasado se publicaron los primeros estudios académicos sobre las supuestas responsabilidades de las corporaciones privadas con la sociedad derivadas de los impactos de sus actividades. Aunque esa época es considerada la “era de la conciencia” para el desarrollo de la rse, debido a que, de acuerdo con Costa y colaboradores (2018),[13] las corporaciones, influidas por los fundamentos filosóficos del liberalismo y del Estado de bienestar del periodo de posguerra, empezaron a reconocer sus responsabilidades con las comunidades locales; en realidad no hubo ningún cambio en el comportamiento empresarial. Hecho que no es de sorprender, dadas las condiciones de estabilidad económica y política derivadas de la llamada era dorada del capitalismo en los países centrales; sin embargo, a finales de la década de los años sesenta el antagonismo social en Estados Unidos influyó en el desarrollo de la rse como estrategia de las corporaciones para hacer frente a la crítica pública. La lucha por los derechos civiles, el radicalismo estudiantil, pero sobre todo los movimientos antibelicistas que cuestionaban la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam dieron lugar a un ambiente de agitación social y al surgimiento de grupos radicales de izquierda.[14] Las protestas antibelicistas señalaban que la maquinaria bélica había generado enormes ganancias para las corporaciones contratistas que proveían desde municiones, aeronaves, hasta el napalm que los bombarderos descargaban contra la población civil en Vietnam; y, por lo tanto, las corporaciones privadas debían asumir responsabilidades frente a la masacre de la guerra. Así, durante 1970, empresas como Honeywell Corporation y Dow Chemical Company —proveedoras de armas, bombas y napalm al Pentágono— fueron objetivo de fuertes protestas y manifestaciones violentas.[15] En ese contexto, la rse salió del campo meramente académico, y asociaciones empresariales estadounidenese con gran influencia, como el Comité para el Desarrollo Económico (Committee for Economic Development, ced), comenzaran a elaborar trabajos que reconocían una serie de responsabilidades sociales de las corporaciones privadas. En una publicación del ced de 1971 titulada Las responsabilidades sociales de las corporaciones se planteaba que, más que nunca, a las empresas se les pedía que asumieran responsabilidades más amplias con la sociedad, y dado que las empresas existían para servir a la sociedad, su futuro dependía de la capacidad de respuesta frente a las nuevas expectativas sociales.[16] Vemos que en aquella época se comenzó a construir la narrativa del compromiso social de un segmento empresarial que buscaba conciliar los negocios con el malestar y las demandas sociales de la época; es decir, ya comenzaba a vislumbrarse como una estrategia de relaciones públicas.

En la década de los ochenta, el auge económico del sistema capitalista de los años dorados devino en una crisis que requirió un nuevo régimen de acumulación; un nuevo orden mundial neoliberal en el que la mayoría de países de la periferia capitalista fueron forzados a adoptar programas de ajuste estructural que sentaron las bases para la entrada de capital transnacional en sectores estratégicos de la economía, como el extractivo; y la subordinación de los Estados periféricos a la grandes empresas transnacionales a fin de atraer porciones de capital a sus países.[17] Hasta los ochenta el desarrollo conceptual, así como la aplicación de la rse tuvo un carácter predominantemente angloamericano; con la reestructuración neoliberal de la economía global, la rse se vuelca en su aplicación, aunque sus constructos continúan siendo predominantemente occidentales, a los países periféricos a través de las empresas multinacionales. El principal objetivo de la rse en la periferia capitalista era incidir en dos ámbitos fundamentales para garantizar sus intereses: (1) la sustitución de la regulación estatal por una supuesta ética empresarial a partir de esquemas voluntarios de cumplimiento de obligaciones ambiguas y autodefinidas con la sociedad[18]; y (2) la identificación y manejo de grupos de interés que planteen desafíos o amenazas para las operaciones empresariales.[19]

Y por último, en la década de los noventa se institucionalizó e internacionalizó la rse como modelo dominante de comportamiento empresarial a raíz de una serie de eventos interrelacionados. En primer lugar, en La Conferencia de Naciones Unidas en Medio Ambiente y Desarrollo (unced, por siglas en inglés),[20] llevada a cabo en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, se abordaron los impactos que estaba teniendo la actividad humana en el ambiente; dado que aquéllos suponían riesgos para la existencia de la vida humana en la tierra, se propuso integrar la dimensión ambiental a las dimensiones económica y social con la adopción del desarrollo sustentable como paradigma dominante de desarrollo internacional. Y tal, paulatinamente, guiaría los programas, políticas, planes y acciones de organismos internacionales, Estados nacionales y sectores empresariales.

En segundo lugar, en la Cumbre de Río de 1992 se descartó definitivamente el intento de establecer una regulación internacional para empresas transnacionales. Por el contrario, a través de un fuerte cabildeo de una coalición de Estados y sectores industriales occidentales, se logró que el Consejo Empresarial Internacional para el Desarrollo Sustentable (wbcsd) elaborara un documento con recomendaciones sobre desarrollo sustentable para el sector privado basado en la rse, un “manifiesto al voluntarismo empresarial”.[21]

Y, en tercer lugar, frente al fracaso de las políticas neoliberales para crear las prometidas condiciones de crecimiento económico estable y a largo plazo para los países periféricos, aunado al surgimiento de movimientos populares en contra de las políticas neoliberales que evidenciaban las repercusiones que había tenido la entrada masiva de empresas multinacionales; organismos de cooperación internacional como Naciones Unidas, y el Banco Mundial, plantearon la necesidad de un neoliberalismo más gentil.[22] Se propuso un enfoque de desarrollo incluyente basado en un post-Consenso de Washington que reconocía la necesidad de reincorporar al Estado en el proceso de desarrollo, pero “rehabilitando al sector privado” (i.e. las empresas multinacionales) como motor del proceso de desarrollo apelando a un sentido de responsabilidad social.[23] Así, se pretendía relegitimar un desarrollo dirigido por el mercado y contrarrestar la resistencia organizada.[24] En 1999 se lanzó el Pacto Mundial de Naciones Unidas (un Global Compact), la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial; la cual plantea que, a través de la incorporación de principios universales en derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción, el sector privado puede contribuir a lograr un mejor mundo.[25] De esa forma, se le dotó al sector privado de un papel fundamental en el proceso de desarrollo internacional. Desde la década de los noventa, la idea y retórica de que, a través de la rse, las empresas multinacionales pueden desempeñar un papel importante en términos de desarrollo sustentable ha sido el argumento dominante para promover esquemas de regulación de la actividad empresarial basados en la buena voluntad de las empresas. En este escenario, las empresas multinacionales del sector minero identificarían a la rse como herramienta relevante para sortear el antagonismo social y la oposición a sus emprendimientos que se habían configurado como obstáculos a sus operaciones.

La adopción de la rse por el sector minero internacional

El sector minero adoptaría la retórica de la RSE en contexto caracterizado por el imperativo de expandir la frontera extractiva debido a las ventajas que la gran demanda de y altos precios de los commodities planteaban para las empresas multinacionales, frente a una fuerte oposición derivada de los enormes impactos ambientales y sociales  de la megaminería. La adopción de la rse busca legitimar a la industria y crear escenarios favorables para la expansión de sus operaciones en los países de la periferia del sistema capitalista ricos en recursos naturales al mostrarse como practicantes de la minería sustentable y promotoras del desarrollo nacional y local; sin embargo, detrás de la retórica de la rse se encuentran intentos por mantener esquemas autorregulatorios de la actividad extractiva y la puesta en marcha de estrategias que aseguren la reasignación en el acceso y control de los territorios y los recursos naturales de comunidades locales a empresas extractivas; es decir, para despojar a comunidades de sus medios de producción y vida, así como para desactivar la oposición social que obstaculiza su avance.

Hasta la década de los noventa, la industria extractiva en general y la minera en particular eran consideradas industrias “paria”, que legaban destrucción ambiental, contaminación, despojo, violaciones a derechos humanos, a derechos indígenas y toda una serie de impactos negativos a cambio de enormes ganancias.[26] Grandes escándalos mediáticos habían evidenciado el brutal comportamiento empresarial. Por ejemplo, en 1996 la empresa Barrick Gold fue acusada de enterrar vivos a alrededor de 52 mineros artesanales que se oponían a ser desalojados de un importante yacimiento aurífero en Tanzania;[27] en la misma década, empresas extractivas fueron acusadas de contribuir a la violencia en Colombia a través de alianzas con grupos paramilitares que, a través de medios violentos, despejarían áreas para operaciones extractivas[28]. Además, en aquella época y en ese contexto surgieron importantes organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de, desde distintas trincheras y diversas estrategias, cuestionar, evidenciar, luchar y contrarrestar los impactos negativos de la extracción de recursos naturales y el comportamiento de las empresas extractivas multinacionales. Algunos ejemplos son la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería Conacami en Perú, y MiningWatch Canada, organización pan-canadiense que ha documentado y expuesto las impactos y malas prácticas de empresas mineras canadienses en su país y otras partes del mundo. En las décadas de los ochenta y noventa no sólo surgieron organizaciones evidenciando públicamente los impactos negativos de las operaciones mineras, también se dieron casos en lo que la oposición local derivó en el cierre de operaciones de grandes emprendimientos mineros. Por ejemplo, en la recién independizada Papúa Nueva Guinea tuvo lugar el cierre forzado en 1989 de la mina Panguna, propiedad de la gigante corporación Rio Tinto. El cierre de la mina ocurrió tras una fuerte campaña de sabotaje por parte de “militantes” de las comunidades propietarias de las tierras donde operaba la mina, que derivaron en frecuentes enfrentamientos armados entre los “militantes” y las fuerzas de seguridad del gobierno; los enfrentamientos escalaron hasta constituirse como actos de rebelión contra la autoridad del Estado.[29]

Desde finales del siglo pasado, la presión y escrutinio público sobre las empresas mineras se intensificó, sobre todo a través del activismo social manifestándose en acciones directas como demandas, protestas, bloqueos a las instalaciones e incluso destrucción de equipos e infraestructura; y acciones indirectas como ofensivas mediáticas contra la reputación global de las corporaciones;[30] movilizaciones que en distintas intensidades han obstaculizado, interrumpido o bloqueado las actividades mineras. Podemos decir que la incorporación de la rse en la industria de la minería se da como respuesta a la gran presión y escrutinio público para mejorar el desempeño ambiental, social y de desarrollo de las corporaciones extractivas; aunado a un imperativo de asegurar el acceso a territorios y nuevos depósitos minerales frente a una creciente oposición de comunidades locales a la implementación de actividades extractivas en sus territorios. Como se mencionó, la rse era ya un campo académico importante y se configuraba como plan de acción promovido por organismos internacionales para operacionalizar una supuesta cara gentil del neoliberalismo, brindando al sector privado un papel fundamental en el proceso de desarrollo internacional.

A finales de 1998, nueve^[31] de las empresas más grandes de la industria minera internacional, reunidas en Melbourne, Australia, decidieron “embarcarse en una nueva iniciativa con el fin de generar un cambio radical en la forma cómo la industria enfoca los problemas actuales”;[32] pues las corporaciones argumentaban que “en el pasado, la industria ha cometido errores. Accidentes han ocurrido. Con frecuencia la industria no ha sido la mejor defensora de su propia causa. En el futuro debe estar mejor preparada para responder a las críticas”.[33] Así, lanzaron la Iniciativa Global para la Minería (gmi), la cual pretendía llevar a cabo una serie de reformas en el sector con base en un estudio sobre los retos que les imponían algunos temas sociales, llámase la oposición social a proyectos mineros. De acuerdo con Garibay (2017)[34] el lanzamiento de la gmi fue el parteaguas a través del cual las corporaciones mineras se conformarían como coalición política organizada, a la que denomina Clúster Minero Global, para “mantener abiertos los territorios del mundo a sus intereses y contrarrestar críticas que señalan las afectaciones sociales y ambientales de su práctica megaminera”. En el marco de la GMI, el Clúster Minero Global se dio a la tarea de: (1) elaborar el fundamento teórico que habría de brindar un discurso público y legitimidad a la industria como una socialmente responsable y promotora del desarrollo sustentable; y, (2) crear la entidad a través de la cual el Clúster Minero Global podría actuar como “bloque político mundial unificado” a fin de articular y representar sus intereses y fortalecer su influencia política internacional;[35] dando lugar a la conformación, en 2001, del Consejo Internacional de Minería y Metales (icmm).

Respecto a la primera tarea del llamado Clúster Minero Global, una de las acciones clave en el marco de la GMI se dio en 1999, cuando a través del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBSCD) se encargó al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), una de las organizaciones con sede en Londres más influyentes en investigación y asesoría en políticas respecto a temas sensibles con implicaciones ambientales, económicas, particularmente en países periféricos[36]; la elaboración de un estudio sobre el estado del sector minero internacional y los desafíos globales a los que se enfrentaba. De acuerdo con los objetivos del estudio, el sector minero requería una evaluación global a fin de mejorar su aporte al desarrollo sustentable. De esta forma inició en abril del 2000 un proyecto de gran magnitud y alcance mundial que se denominaría Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD). Durante 2 años, el MMSD incluyó investigación en áreas temáticas y el involucramiento de una serie de actores sociales – incluyendo asociaciones sectoriales nacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, funcionarios públicos y sindicatos – a participar en talleres en torno a la identificación de los principales desafíos del sector, como manejo de la riqueza mineral, derechos humanos, conflictos y corrupción, uso del territorio, biodiversidad y pueblos indígenas, entre otros[37]. Asimismo, el MMSD incluyó a socios regionales para implementar procesos de consulta e investigación en las regiones productoras de minerales más importantes del mundo, como Australia, América del Norte, América del Sur y Sur de África a fin de conocer los temas y opciones locales para la transformación del sector sugeridos por “actores locales”[38]. En el estudio de factibilidad del proyecto MMSD ya se identificaban algunos “cuellos de botella” para la industria que debían ser abordados, entre ellos: la poca confianza que existía entre la industria, gobiernos y la sociedad en general; la poca claridad que existía sobre la contribución que la industria minera podía hacer a la sustentabilidad; y la necesidad de traducir los principios de desarrollo sustentable en acciones operativas dirigidas a comunidades, consumidores y países[39]. Es decir, ya se visualizaba que había que adoptar la sustentabilidad como fundamento legitimador de la industria y elaborar un plan de acción para mantener la licencia social.

En 2002, en el marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo, el proyecto mmsd presentó su reporte final denominado Abriendo brecha. minería, minerales y desarrollo sustentable. Cabe mencionar que, a diferencia de la Cumbre de Río de 1992, en la que el sector minero no tuvo representación como industria, sólo indirectamente a través del wbcsd, en la Cumbre de Johannesburgo tuvieron “un asiento en la mesa”, demostrando la influencia que, como sector industrial, comenzaban a tener en los espacios de gobernanza internacional.[40] En el reporte del mmsd, se puede ver claramente el intento de construir un discurso legitimador del sector y un plan de acción frente a los obstáculos que la imagen pública negativa, y el rechazo y oposición popular derivados del legado de devastación social y ambiental les imponían. Existen dos elementos fundamentales presentes en el reporte Abriendo brecha... para entender la estrategia que desde entonces el sector minero ha seguido para promover sus intereses: 1) la adopción del desarrollo sustentable como marco de referencia para elaborar un discurso legitimador de las operaciones mineras, y 2) una serie de medidas basadas en supuestos de rse como plan de acción para “contribuir de mejor manera al desarrollo sustentable”.[41]

A lo largo del reporte, se reconoce que “prácticas del pasado”, en términos de devastación ambiental, abusos y ausencia de compensación a comunidades locales, pocos o nulos beneficios para población local o profundización de la pobreza; responder a protestas de comunidades locales con brutalidad y violencia, violaciones a derechos humanos e incluso financiamiento a conflictos armados y estallidos de violencia; tales situaciones habían generado desconfianza y conflictos entre empresas mineras y comunidades, por lo que se identificaron una serie de desafíos en términos de acceso y manejo del territorio, relación con comunidades locales y comunidades indígenas; medio ambiente; y gobernanza de los recursos; sin embargo, para el reporte es posible abordar dichos desafíos y “contribuir al desarrollo sustentable si [la minería] es dirigida dentro de un contexto de crecimiento económico, de responsabilidad social, respeto por la diversidad cultural, gestión ambiental responsable y donde existan mecanismos participativos y transparentes en el proceso de toma de decisiones”.[42] Por lo tanto, el reporte hizo un llamado a las empresas mineras a cuidar el ambiente, a promover derechos sociales y culturales, a comportarse responsablemente combatiendo la pobreza e instrumentando proyectos de desarrollo comunitario para que las comunidades a las que se afecta con sus operaciones puedan ser partícipes del desarrollo sustentable traído por las empresas transnacionales;[43] sin embargo, como sostiene Garibay (2017),[44] lo que no aborda el reporte es el derecho de las comunidades a rechazar los proyectos mineros y “vivir en su territorio conforme su forma de vida en su paisaje históricamente construido”; por el contrario, el reporte apela a la cesión “sin coerción, en libertad, con información, con autonomía, de tierras y formas de vida a emplazamientos mineros en beneficio de los accionistas corporativos”.

Respecto de la segunda tarea del sector, la conformación del llamado Clúster Minero Global, a raíz del lanzamiento de la gmi y de la evaluación del sector extractivo internacional y de las asociaciones industriales existentes hasta ese entonces, en 2001 se decidió reformar al Consejo Internacional en Metales y Medio Ambiente (icme), sucediéndolo el Consejo Internacional en Minería y Metales (icmm), el cual ha tenido desde su creación un papel fundamental no sólo para elaborar y difundir normas globales de rse y comportamiento empresarial aplicables al sector minero; sino para influir la política mundial[45]. Actualmente, el icmm está integrado por 26 corporaciones mineras mundiales y 37 asociaciones nacionales, continentales y por commodity, representan un tercio de la industria global.[46] De acuerdo con el icmm[47] su principal objetivo es establecer los estándares más altos de minería responsable; por lo que, en 2003, estableció 10 principios de la industria alineados con las recomendaciones del reporte mmsd, los cuales tendrían que ser adoptados por sus miembros como condición de membresía, y a través de los cuales se lograría “maximizar los beneficios de la industria hacia las comunidades locales [a la vez que] minimizar los impactos negativos para efectivamente manejar problemas y preocupaciones de la sociedad”. Los principios incluyen: 1) comportamiento ético; 2) desarrollo sustentable como parte de la estrategia corporativa y la toma de decisiones; 3) respeto de los derechos humanos; 4) implementación de estrategias efectivas de manejo de riesgos; 5) mejoramiento en salud física y psicológica, y en desempeño en seguridad; 6) mejoramiento en el desempeño ambiental; 7) contribuir a la conservación de la biodiversidad; 8) producción responsable; 9) contribuir al desarrollo social, económico e institucional de los países y comunidades anfitrionas, y 10) involucrar a grupos de interés de forma abierta y transparente para abordar retos y oportunidades en desarrollo. Si bien las empresas miembros se comprometen a cumplir los 10 principios de la minería sustentable, el icmm desarrolló un mecanismo de auto certificación, que consiste en la presentación de un reporte de desempeño basado en los principios, el cual es auditado por un panel de expertos independientes de acuerdo a la asignación de calificaciones de cumplimiento; desde hace más de 10 años, de acuerdo con icmm, sus miembros fundadores cumplen cabalmente los principios de la minería sustentable.[48] Lo que parece decir el icmm es que los problemas estructurales asociados con la megaminería pueden resolverse con iniciativas voluntarias de responsabilidad social; e incluso, ahora la mega minería es un ejemplo en términos de su contribución al desarrollo sustentable.

Es importante mencionar que, como afirma Garibay (2017),[49] una más de las líneas estratégicas que ha seguido el icmm es la elaboración de protocolos y recomendaciones a fin de que sus miembros tengan las herramientas necesarias para aplicar estrategias encaminadas al control y gestión tanto de relaciones comunitarias, como de procesos políticos opuestos a los intereses mineros, el mismo icmm[50] sostiene: “Los miembros del icmm promueven el progreso social en los países anfitriones involucrándose significativamente con comunidades locales apoyando actividades que contribuyan a su bienestar social y económico duradero, mientras proporciona mecanismos para resolver problemas y agravios”. En ese sentido, los protocolos, guías y kits de herramientas desarrollados por el icmm (incluyendo abordajes sobre derechos humanos, relacionamiento con comunidades locales, desarrollo comunitario, pueblos indígenas, reasentamientos de poblaciones, entre muchos otros) se enfocan en otorgar a los miembros de icmm “inteligencia estratégica” para entender comunidades y desarrollar “estrategias de intervención y control de la vida social comunitaria a fin de que sus emprendimientos se llevan a cabo sin oposición o resistencia comunitaria”.[51]

En suma, vemos que, en un contexto de fuerte antagonismo social frente al aumento de actividades extractivas y su legado de impactos ambientales y sociales negativos, aunado a la promoción —desde organismos internaciones— del papel fundamental del sector privado en el proceso de desarrollo a través de esquemas voluntarios de rse, como el Pacto Global de Naciones Unidas, el sector extractivo visualizó las oportunidades que representaba el reinventarse discursivamente como promotor del desarrollo sustentable a través de esquemas de rse. El sector minero internacional, a través del icmm, ha creado una narrativa de sustentabilidad y responsabilidad social que legitima las actividades extractivas; a la vez que ha creado herramientas encaminadas a intervenir y controlar territorios y poblaciones para garantizar acceso a los depósitos minerales de los que depende la rentabilidad de la industria. Por lo que, como ya se mencionó, desde inicios del nuevo milenio, la rse ha sido particularmente influyente en dos ámbitos de suma importancia para el sector minero: la regulación de las actividades extractivas; y el manejo de la relación con comunidades afectadas por sus operaciones a través de su supuesta contribución al desarrollo local.

rse en la gobernanza de los recursos naturales: autorregulación de las actividades extractivas

Como se mencionó antes, el desarrollo histórico y conceptual de la rse se ha dado principalmente a través de enfoques convencionales que no cuestionan las premisas neoliberales, sino que afirman y promueven el papel fundamental del sector privado como agente de desarrollo económico. Desde esta perspectiva, se sostiene que la adopción de la rse por parte de empresas multinacionales no se da específicamente como respuesta a la creciente oposición derivada de sus impactos en países periféricos. Por el contrario, ya que la rse es una práctica tradicional bastante bien establecida en la cultura empresarial de los países occidentales; ésta ha sido utilizada como una herramienta para lidiar con los retos a los que se ha tenido que enfrentar el sector empresarial en general y el sector minero en particular, en los países periféricos donde supuestamente existen gobiernos débiles, brechas en gobernanza debido a la rápida globalización, controles regulatorios deficientes, corrupción extendida en todos los ámbitos y contextos generalizados de pobreza y marginación.[52] Por lo tanto, las empresas multinacionales se han visto forzadas a adoptar mecanismos voluntarios para regular el comportamiento empresarial; es decir, a falta de regulaciones obligatorias en los ámbitos nacional e internacional, las empresas plantean que son capaces de llenar dichos “vacíos de gobernanza”; ya que dominan el “know how” y tienen los recursos suficientes, pueden abordar dicho estado de cosas predominante del “mundo en desarrollo”.[53] Incluso, tal perspectiva afirma que, en países gobernados por estados débiles y predatorios, las empresas privadas cuentan con la motivación “moral” y mayor capacidad que los Estados para liderar procesos de desarrollo y contribuir a la construcción de justicia social. Bajo esta lógica, no se da por sentado que los Estados son los principales agentes de desarrollo; al contrario, serían las empresas privadas las que pueden tener un mejor desempeño en términos de desarrollo debido al gran poder que detentan y a que enfrentan menos restricciones que las que les impondrían Estados fuertes.[54] Podría inferirse, entonces, que los países periféricos deberían agradecer a las empresas privadas multinacionales su calidad moral y sus deseos de asumir el rol que sus Estados no están dispuestos a cumplir.

Si bien desde esta perspectiva se plantea que los sistemas regulatorios voluntarios han sido la forma en que la calidad moral de las empresas aborda las incapacidades de los Estados periféricos; la realidad es que las empresas regularmente obstruyen la agenda regulatoria mientras presionan a gobiernos nacionales y a organismos supranacionales para “asfixiar” algunas esferas regulatorias o para la implementación de legislaciones favorables a sus negocios.[55] Y es que son justamente las corporaciones multinacionales las que más se han beneficiado de los programas de ajuste estructural basados en los principios económicos de privatización, desregulación, liberalización y flexibilización que fueron impuestos a la mayoría de los países de la periferia a finales del siglo pasado; reestructuración neoliberal que sentó las condiciones para el desplazamiento de capital extractivo a las economías periféricas.[56] Por consiguiente, fueron los incentivos económicos que la falta de regulación, gobernanza o debilidad estatal ofrecían los que promovieron la expansión de las corporaciones multinacionales a los países de la periferia; “problemas” que, irónicamente, buscan abordar a través de la rse.

La instauración de formas neoliberalizadas de gobernanza[57] respecto de los recursos minerales se circunscribe en una tendencia global a distanciarse cada vez más de las regulaciones económicas y sociales del Estado, asociadas con la reestructuración neoliberal de la economía global, pero rehabilitando al sector privado como motor fundamental del proceso de desarrollo. Esta reestructuración ha significado la transferencia en distintos grados de funciones administrativas y regulatorias a actores no estatales, como las ong y las empresas privadas, lo cual no implica que la autoridad y regulación estatal desaparezca por completo. Si bien la liberalización del sector ocurrida en los años ochenta y noventa limitó el papel que directamente ejercían los Estados en la producción de recursos minerales —por ejemplo, a través de la privatización de empresas estatales—, los Estados mantienen un rol esencial para mediar el acceso a los mismos pues en muchos casos los recursos del subsuelo siguen siendo públicos. Sin embargo, lo que sí sucede es que en la toma de decisiones respecto al acceso, asignación y control de los recursos minerales son cada vez más influyentes mecanismos corporativos, como la rse con sus esquemas y estrategias asociadas: principios y códigos de conducta empresarial y sectoriales, reportes voluntarios sobre desempeño social y ambiental, iniciativas de desarrollo local dirigidas por las empresas mineras.[58] Incluso, como sostiene Gudynas (2014)[59] refiriéndose al contexto latinoamericano, si bien las normas y regulaciones ambientales y sociales que inciden directamente en la proliferación de proyectos extractivos en la región no necesariamente han desaparecido por completo, lo que ha ocurrido es una flexibilización de las instituciones, las regulaciones y los controles ambientales y sociales con el objetivo de captar mayores proporciones de inversión extranjera destinada a proyectos extractivos. Así, se cuenta con estándares más bajos, se reducen los tiempos para evaluaciones ambientales y sociales, se debilitan instituciones a través de la reducción de sus recursos financieros o de personal. Todo ello para crear condiciones funcionales a proyectos extractivos, incluidos los mineros; claro, recostándose en las bondades de los programas de rse, según los cuales las empresas mineras son capaces de regular su actividad y contrarrestar la flexibilización en monitoreos y fiscalizaciones que pudieran estar a cargo de agencias gubernamentales o en manos de comunidades locales.[60]

En adición a lo anterior, y en términos regulatorios de las operaciones extractivas, la rse también ha funcionado como respuesta de las empresas mineras frente los intentos estatales de asegurarse mayores rentas o regalías derivadas de la extracción mineral; al advertir que sus actividades contribuyen al desarrollo nacional y local más allá de sus obligaciones legales, las empresas buscan evitar entregar una rebanada más grande del pastel de sus millonarias ganancias a los Estados por concepto de rentas, regalías o pago de derechos.[61] Así, la rse como modelo de gobernanza de los recursos naturales y como esquema regulatorio de las actividades extractivas busca que el pensamiento empresarial domine la forma en la que se concibe su contribución al bien público; por ejemplo, la rse nada tiene que decir sobre tributación y pago de impuestos sobre las actividades extractivas que en última instancia podrían tener un gran impacto en términos de desarrollo y reducción de pobreza en países ricos en recursos naturales.

El supuesto vínculo entre rse en el sector minero y desarrollo comunitario

Como se mencionó anteriormente, la rse ha sido sumamente importante como herramienta para garantizar acceso a los depósitos minerales de los que depende la rentabilidad de la industria. Esto ha sido posible a través de la supuesta contribución al desarrollo local sustentable de la megaminería a través de programas de rse. Las perspectivas convencionales utilizan diversos argumentos para ligar rse con desarrollo sustentable, por ejemplo: 1) la rse es considerada como “ied plus” que puede incrementar los supuestos efectos positivos de la ied a través de la creación de empleos, transferencia tecnológica y de conocimientos, y construcción de infraestructura; 2) en países con Estados débiles o predatorios las grandes corporaciones transnacionales tienen mayor capacidad o mayor motivación moral para generar desarrollo que los propios gobiernos, e incluso llegan a sustituir las obligaciones del Estado como proveedor de servicios básicos (salud, educación e infraestructura); 3) además de iniciativas filantrópicas como la construcción de escuelas y hospitales, en colaboración con los gobiernos locales, las ong, y las comunidades mismas, y las empresas mineras pueden diseñar, desarrollar y echar a andar proyectos de desarrollo comunitario a largo plazo y acordes con las propios intereses de las comunidades.[62]

Los argumentos que proponen los promotores de la rse como mecanismo de desarrollo sustentable son fácilmente rebatidos si tomamos en cuenta que la minería es una actividad económica generalmente con una orientación exportadora sin procesamiento productivo, por lo que la actividad en sí misma y sus programas de rse plantean una serie de problemas y contradicciones en términos de desarrollo sustentable. En primer lugar, la minería en países periféricos suele ser dependiente de la ied; si bien se considera que el potencial aporte de la ied a procesos de desarrollo se da a través de crecimiento económico, la realidad es que no existe tal relación causal;[63] por el contrario, la ied ha sido la forma en que el capital monopolista se ha desplazado a economías periféricas, obteniendo excedentes económicos al acceder a mano de obra barata y flexible y apropiarse de sus recursos naturales.[64] De la misma forma, no existe relación causal y mucho menos es algo probado que la rse como “ied plus” contribuya a los procesos de desarrollo sustentable a largo plazo,[65] particularmente porque los emprendimientos mineros tienen una vida determinada y los proyectos de desarrollo local que “apoyan” suelen estar ligados y ser dependientes a la propia minera. En segundo lugar, la mega minería en una actividad intensiva en capital y no intensiva en mano de obra, y se relaciona con un tipo de economía de enclave sin vinculaciones con los encadenamientos productivos nacionales y basada en la importación de tecnología;[66] por lo que ofrece muy poco empleo para la población local y pocas oportunidades económicas regionales. Los empleos ofrecidos a través de esquemas de rse generalmente son reducidos, temporales, con salarios bajos y, por tanto, insuficientes para tener un impacto en términos de reducción de pobreza y desarrollo sustentable.[67] En tercer lugar, aunque la construcción de infraestructura como caminos, hospitales o escuelas; o la puesta en marcha y financiamiento de pequeños proyectos productivos pueda traer beneficios a las comunidades; de ninguna manera pueden éstos compensar el hecho de que la megaminería es una actividad que agota los recursos, desplaza a otros usos de la tierra y la torna inservible para otras actividades productivas al cierra de sus operaciones; incluso, la filtración de sustancias tóxicas puede ocasionar desastres ecológicos de grandes magnitudes.[68]

En ese sentido, diversos estudios han demostrado empíricamente que la rse, lejos de contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades aledañas, ha operado, de distintas formas, para acceder a territorios; despojar a las comunidades de sus tierras y recursos naturales; manejar conflictos con comunidades y desactivar la resistencia organizada. Por ejemplo, en el estudio que hace Himley (2010)[69] sobre la mina Pierina de oro a cielo abierto ubicada en la región andina de Perú y operada desde 1998 por una subsidiaria de la gigante canadiense Barrick Gold, se muestra que la promoción de programas de rse a través de un extenso Plan de Acción en Desarrollo Social —que incluía iniciativas de mejoramiento de actividades agro pastoriles existentes en la zona, promesas de empleo, construcción de infraestructura y provisión de servicios como salud y educación, saneamiento, es decir, promesas de desarrollo local—, estuvieron completamente interrelacionadas y articuladas con el proceso de compra y adquisición de tierras de comunidades indígenas hablantes de quechua. De acuerdo con Himley,[70] las promesas de desarrollo fueron un gran incentivo para que los residentes de las comunidades decidieran alienar sus tierras en favor de la mina.

Otro estudio sumamente importante para el caso mexicano es el realizado por Garibay y colaboradores[71] acerca del caso de la mina de oro Peñasquito, propiedad de la gigante canadiense Goldcorp, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas. De acuerdo con el relato de Garibay y colaboradores, una combinación de promesas de empleo, infraestructura y programas de desarrollo local bajo esquemas de rse, ocultamiento de información relevante respecto al proyecto minero, procedimientos fraudulentos y amenazas de expropiación se logró la cesión de derechos territoriales con cuatro ejidos a través de la firma de un contrato de ocupación temporal. De manera similar, los programas de rse tuvieron un papel importante para el manejo del conflicto surgido con algunos de los ejidos afectados por las operaciones de la mina, así como para desactivar la resistencia organizada. La rse ha sido un agente activo en la “captura política”[72] de algunos ejidos, cuya población incluso se ha movilizado para defender a la minera frente a reclamos por despojo de otros ejidos.

Cabe aclarar que, si bien la rse ha sido sumamente influyente para asegurar el acceso y control de territorios, ésta por lo general se acompaña de estrategias menos gentiles, como amenazas, secuestros, e incluso asesinatos a opositores comunitarios a los emprendimientos minero. Si bien es importante mencionarlo, está fuera del alcance de este artículo un análisis de la articulación de estrategias explícitamente violentas y estrategias “gentiles”, como la rse, para la efectiva instrumentación de proyectos mineros. En suma, la evidencia empírica muestra que, lejos de contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades locales, la rse ha resultado fundamental para la efectiva reasignación del acceso y control de territorios y recursos naturales de comunidades a empresas capitalistas, el manejo de conflictos y la desactivación de resistencia organizada.

Reflexiones finales

En un contexto de profundización del modelo extractivo en países de América Latina, con sus consecuencias devastadoras para las comunidades en cuyos territorios se albergan los codiciados minerales, y de fuerte oposición y resistencia organizada; la rse ha sido una herramienta que coadyuvó a reconfigurar la imagen de la megaminería como una industria que, a través de la incorporación voluntaria de principios universales en derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente, contribuye al desarrollo sustentable de las comunidades impactadas por sus operaciones.

Aunque la literatura convencional enfatiza las potencialidades de la rse, tanto como formas efectivas de gobernanza de los recursos en contextos con Estados débiles como herramientas de desarrollo sustentable local en áreas de operaciones mineras; esta retórica oscurece las dinámicas a través de las cuales las empresas mineras refuerzan su dominio, evitan regímenes regulatorios sobre sus operaciones y logran despojar a comunidades de sus territorios y recursos naturales. Reconocer las diversas estrategias utilizadas por las empresas mineras, aun cuando muestren la cara gentil del despojo, permite fortalecer la resistencia organizada que interrumpa o bloquee el avance de proyectos extractivos que inevitablemente están basados en la devastación ambiental y social.