La historia de Aureliano: una voz en defensa de la justicia y la dignidad

 

Giovanna Gasparello
Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH
giovanna_gasparello@inah.gob.mx

Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2018
Fecha de aceptación: 17 de septiembre de 2018

Desde hace décadas se han denunciado las fallas estructurales del sistema de justicia en Chiapas; éstas, con algunas diferencias ligadas a la estructura de poder regional, se encuentran en el contexto federal. Si bien es el estado con el más bajo índice delictivo del país (desde el año 2011 Chiapas se considera la entidad más segura), presenta sin embargo una cifra negra muy elevada: 93 % de los delitos cometidos en la entidad no se denunció o no se inició averiguación previa.[1] La mayor parte de los delitos no se denuncia por motivos atribuidos a la autoridad: miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza a la autoridad y actitud hostil de ésta.

La corrupción generalizada y la falta de independencia e imparcialidad —vicios del sistema de justicia mexicano— se insertan en Chiapas en un contexto en el que las instituciones políticas han estado históricamente coludidas y son dependientes de los grupos de poder regionales; el poder judicial no es ajeno a tal situación y sus representantes entienden y aplican el derecho con un sesgo racial y de clase y acorde con la filiación política de víctimas y agresores. La dependencia del poder político y de la clase dirigente local, y la consecuente politización de la justicia, hizo posible que “el sistema de procuración y administración de justicia fuera uno de los instrumentos [...] del gobierno para llevar adelante un plan contrainsurgente, de contención del movimiento social, intensificado por la presencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional”.[2]

El testimonio de Aureliano Álvarez Gómez, indígena ch’ol originario del ejido Lázaro Cárdenas (municipio de Huitiupán, Zona Norte), simpatizante zapatista y ex preso político, es emblemático de la situación que priva en el sistema judicial y carcelario chiapaneco. Aureliano y su familia han vivido en carne propia la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos que manchan la actuación de los funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad en el estado. Al mismo tiempo, su experiencia es símbolo de la dignidad que no claudica y de la perseverancia en crear organización en cualquier espacio, incluso el más degradante y deshumanizador como la cárcel.

Aureliano falleció en San Cristóbal de Las Casas el 9 de diciembre de 2017, a la edad de 50 años, a causa de cáncer al estómago. Inició a padecer de esta enfermedad después del periodo de detención, durante el cual vivió en condiciones inhumanas y sufrió todo tipo de torturas. Frente a la integridad y la convicción con las que Aureliano luchó en favor de los derechos humanos y la dignidad de los que viven entre los altos muros de la cárcel, la difusión de su testimonio es un acto obligado de memoria.

La entrevista aquí publicada ocurrió el 21 de diciembre de 2007, en el marco de la investigación para el libro Justicia y pueblos indígenas en Chiapas. De la violencia a la autonomía (México: UAM-I / Tirant Humanidades, 2018). En ese volumen se reproducen extractos de la entrevista.

La detención y la politización de la justicia

Yo me llamo Aureliano Álvarez y soy campesino. Caí [preso] el 5 de mayo de 2006, cuando me encontraba trabajando en mi comunidad, en el campo. Llegó la [policía] judicial a sacarme violentamente, yo no sabía de qué me acusaban, es una historia triste [...] Llegaron los judiciales de la Agencia Estatal de Investigaciones, disfrazados de gente civil, salieron del monte, de los cafetales.

Me esposan, me amarran las manos, los pies, me vendan la cara y me llevan arrastrando. Un kilómetro antes de llegar a la comunidad tenían ya varias camionetas preparadas.

Yo no tenía idea de cómo los policías deben actuar cuando agarran a una persona. Después supe que debían traer una orden de aprehensión, pero nunca la presentaron.

Me subieron a la camioneta y me aplastaron con varias colchas, me estaba asfixiando. Llegamos a Yajalón, escuché que el carro se metió a una terracería y me bajaron. Me metieron a una casa, bajé unas gradas y me sentaron en una silla. Mis ojos seguían vendados. Empezaron a amenazarme e iniciaron las torturas; me preguntaban por un delito que yo no sabía. Cada pregunta era como media hora de golpes, me ponían plástico en la cabeza, me metían en un tambo de agua, y golpes, patadas, puñetazos.

Yo pensaba que las preguntas eran acerca de un problema que había en la comunidad, que había desaparecido un señor, yo también estuve participando con las autoridades en la búsqueda. Pero no fue así. Las preguntas que me empezaron a hacer fueron alrededor de la organización [del Ejército Zapatista de Liberación Nacional] y quiénes eran sus dirigentes en la comunidad. Yo le dije “vayan a investigar” [...] Cada pregunta era un golpe.

También me preguntaban qué tipo y cuántas armas había, y donde las tenía; en dónde se encontraban los campamentos zapatistas. Yo les decía que fueran a buscarlos en el cerro; pues de lo que yo sé, no hay armas; y si hay, que vayan a buscarlas. ¿Yo qué tenía que ver en esto?...

Sacaron una lista donde ya tenían todos los nombres, incluso salía quién los había dado: una familia de la comunidad; que saben quiénes son los responsables, de que sí hay armas [...] todos estos datos ya los tenían. A algunos de la lista los conocía y a otros no. Allí es donde me di cuenta de lo grande que era el problema.

Me torturaron por cuatro o cinco horas. Por fin perdí el conocimiento y ya no supe qué pasó después. Me desperté y estaba más acá de Ocosingo. Tenía las manos amarradas pero ya no estaba vendado. Me quisieron dar agua pero no acepté nada. Quise sentarme pero no pude. Me di cuenta que en la camioneta venía Hernán González, quien era presidente [municipal] y que hizo la demanda.[3] Venía junto con los judiciales y el [agente del] Ministerio Público, a quien dio la lana para que fabricaran todo eso [las acusaciones en contra de Aureliano].

Ya me trajeron a San Cristóbal, donde me llegó la sorpresa de que la declaración ya estaba hecha, y me amenazaron con más tortura si no la firmaba. Ni lo pensé: fui cobarde, tengo mi familia, dos hijos, eso fue mi error, allí se complicaron las cosas.

El siguiente día me llevaron a Tuxtla, a la oficina de la AFI,[4] me tomaron muchas fotos. Allí encontré detenidas a mis dos hermanas y a mi papá. No lograba entender qué estaba pasando, no me dejaron platicar con ellos.

Nos trasladaron a la casa de arraigo, que se encuentra en una comunidad acerca de Chiapa de Corzo.[5] No nos permitían hablarnos, no nos permitían a que hiciéramos preguntas, nada, para saber qué está pasando, ya que no nos habían presentado ningún abogado de oficio. Supuestamente estaban haciendo las investigaciones, pero en realidad estaban fabricando más delitos, mientras aquél [Hernán González] estaba pagando al agente del MP [Ministerio Público]; entonces éste llegaba a amenazarnos, a preguntarnos quiénes participaban. Yo le decía que no sabía, inventar nombres es mentir y yo no sé mentir. Yo siempre he permanecido trabajando, la gente del pueblo me conoce...

Me quedé en la casa de arraigo 90 días, mis hermanas duraron menos. Sabían las autoridades lo que estaban haciendo, que no teníamos ningún delito. Luego me quedé solo y el asunto cada vez se iba complicando más. No dejaban que mi familia me visitara. Llegaba gente del Frayba [Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas] y no los dejaban entrar.

El Amate: tortura y corrupción

Pasaron los tres meses y llegó el actuario a anunciar que ya se levantaba el arraigo. Yo pensaba que me dieran la libertad, pero me trasladaron al penal de El Amate,[6] aunque me hubiera pertenecido el penal de San Cristóbal o el de Yajalón.

En El Amate ya me estaban esperando, sabían la hora. Creo que ya había salido una denuncia en el periódico, donde decía que me tenían como rehén, para sacarme información sobre el movimiento zapatista. Ya con más coraje me esperaban el director, el alcaide y sus perros de precisos[7] que les llaman, ya que no lo hacen directamente ellos. En ese tiempo cuando caí todo estaba muy oculto, no se daba a conocer lo que sucedía en los penales. Yo no tenía idea de lo que era la cárcel. Pensaba qué guardadito y ya... Pero no, se empezaba a vivir una vida peor, la represión.

El Centro de Observación y Clasificación (COC) es una parte del penal donde llevan [a] los que van entrando, para ver si es una persona de alta peligrosidad, o si es una persona tranquila, o política; los van seleccionando. Llegando ya me esperaban; lo primero que me pidieron fue dinero. Empezaron a venir los maltratos. Yo nunca he tenido dinero, pero en ese momento, en el COC, me pedían 10 000 pesos. Nos engañaban de que si pagábamos nos iban a posicionar en un lugar más seguro, con gente tranquila, donde no estaba gente que golpea. Nos dieron una tarjeta para hablar por teléfono y presionar a la familia, pedir el dinero.

Allí querían lana, si no dábamos el dinero nos metían al baño, después que lo había usado la gente sin bajarle la suciedad, y nos metían a lavar la taza con la mano, sin protección. Lo hicimos, no teníamos con qué pagar. Estaba con otra gente desconocida que caímos al mismo tiempo. Ya pasamos por todo eso, teníamos que estar allí legalmente por 72 horas, pero como no dimos el dinero pasó el tiempo, casi 15 días, nos chingaron feo, pero luego nos pasaron al interior del penal, a la población, a los edificios, después de darnos el auto de formal prisión.

Allí empieza otro infierno más difícil, con más castigo, más tortura. Son como siete u ocho edificios y cada edificio tiene su “representante”, llamado preciso; en cada edificio son dos, el mero preciso y otro que queda como reserva, en caso que caiga uno viene el otro, y aparte estos precisos tienen un representante general, que recibe todas las órdenes del alcaide, y el alcaide recibe las órdenes del director. No utilizan los custodios para robar o pedirle dinero a los presos que van entrando, sino que usan la gente que ya desde hace tiempo está recluida allí.[8]

Me di cuenta [de] que es un lugar donde hay mucho dinero, droga de todo tipo; supuestamente está prohibida en todo el penal, pero no es así... también hay mucho dinero, lo que le sacan a la gente que va entrando.

Me empezaron a pedir la cantidad de 200 000 pesos, cosa que ni en toda mi vida he tenido, pues ni cinco mil pesos juntos he tenido. Allí ellos hablan directamente con la familia, nos piden el número de teléfono a punta de patadas, y hablan presionando, amenazando nuestra salud.

Empezaron entonces una serie de presiones muy fuertes. Yo trataba de detenerlas, decía que iba a haber dinero pero que esperaran, era mucho y necesitaba tiempo para reunirlo. Así pasó una semana, durante la que siguieron golpeándome, haciéndome lo mismo que la judicial al principio: me metían al tambo de agua, me embolsaban, me golpeaban, me metían en el drenaje lleno de mugre. Hay un “baño” especial, no sé cómo se le pueda llamar: es un cuarto encerrado, sin ninguna ventilación; allí me encerraron, llenaron 20 litros de cloro y me hicieron lavar con las simples manos, tenía que rascar el piso, las paredes. El cloro es como el ácido, quedaron mis manos quemadas. Me sacaron a golpes y otra vez me llevaron al teléfono a pedir dinero.

Estuve allí ocho días. El último día fue cuando, con una tarjeta que me dieron para hablar a la familia, aproveché y hablé en tzotzil[9] para que no me entendieran, y pedí a la familia que vieran a forma de ayudarme porque allí me iban a matar.

Levantar la voz entre los muros de la prisión

Así se empezaron a hacer más denuncias, junto con los del Frayba. El director no quería que se denunciara, que se supiera lo que estaba pasando. Pero ya había salido en el periódico; llegaron una compañera y un compañero del Frayba de visita a animarme; que habría más presiones y torturas, pero sólo así podíamos dar a conocer públicamente las anomalías que había adentro del penal.

Cuando ellos estaban allí, el alcaide y el director supieron que era gente de Derechos Humanos. Antes aquéllos decían: “Aquí nadie puede entrar, ni el gobernador, mucho menos derechos humanos”. El director los corrió y los sacó afuera.

Los compañeros que me visitaron me dijeron que platicara, que encontrara un acuerdo con los presos integrantes de La Voz del Amate que estaban en el plantón en el patio central.[10] Ya habíamos hablado, pero los internos estábamos secuestrados, no nos dejaban salir de aquel lugar ni para ir al baño. Yo sabía más o menos dónde tenían su campamento, había una persona, un doctor que también estaba preso, creo que simpatizaba con La Voz del Amate y me llevaba información a mí, y también daba la información al plantón de lo que estaba pasando a los demás presos.

Yo me quedé solo y fue el momento más difícil. Me golpearon y me internaron en la clínica. Pero los compañeros y mi familia ya habían hecho muchas denuncias. Antes nadie hizo esto; los Derechos Humanos del estado,[11] los jueces, los Ministerios Públicos, los médicos tienen la misma visión, los mismos intereses. Nunca se sabía nada afuera.

Se hizo una denuncia ante la Corte Interamericana, y la noticia llegó a manos del gobernador y el gobernador manda al fiscal y el fiscal manda a los jueces y al director. Se hicieron más denuncias de lo que estaba pasando, tuvimos que dar toda la información de lo que veíamos, de cómo actuaban, de cómo estaban coordinados para hacer ese tipo de corrupción en el penal. Ya luego empezaron a pensarle, a querer comprarnos, a regalarme cositas, y a preguntarme qué quería, en dónde quería estar, me llevaban al médico para ver si estaba bien, para que dejáramos de denunciar. Pero yo tenía un gran coraje...

Estuve allí ocho meses; después de todas las torturas me dejaron en un lugar más seguro, donde supuestamente me vigilaban, empezaron a preocuparse más por nosotros, por mí principalmente, el director dio orden que no me tocaran, que no me pasara nada.

Muchos intentaban hacer sus denuncias, pero éstas nunca salían, pero con nosotros fue diferente, salió a la luz todo lo que pasaba y eso es lo que les duele, muchos se quedaron sin trabajo, otros tienen orden de aprehensión o están detenidos porque pesó la denuncia que se hizo.

Ése es el chiste de la resistencia, estar aguantando toda esa presión, y no es fácil vivirlo. Como estábamos en manos de las autoridades, éstas podían hacer lo que querían...

A pesar de todo, yo considero que salimos ganando, lo importante fue que yo resistí, aunque con el miedo de que nos mataran. Yo vi [en ese tiempo] cómo la gente se moría, se moría no porque se suicidara o se enfermara, sino porque la mataban a golpes, si no había dinero para darles [...] Pero también me di cuenta de que las cosas con unidad se hacen mejor.

​​​​​​Va de nuez: el penal de Los Llanos 

Con el tiempo tuve la necesidad de acercarme porque ya no me visitaba la familia, estaba muy lejos, y me decían mis hermanos que hiciera una solicitud de traslado; la hice, pero no la tomaron en cuenta, decían que no se podía mientras no estuviera procesado, y una serie de pretextos.

El Frayba y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hicieron esa solicitud de traslado al Cereso 5;[12] no tardó tanto, como 20 días después de la solicitud llegó el permiso y me traen.

Mientras estaba en El Amate preguntaba cómo era un traslado: si el traslado era llegar a otro penal y todo era tranquilo; decían: “Si es un traslado voluntario sí, llegas tranquilo, pero si es un traslado por orden de las autoridades, entonces otra vez a sufrir”. Como era voluntario, yo estaba tranquilo.

Pero no fue así, los directores tenían mala imagen de mí por todo lo que se había hecho, ya me habían “recomendado” con el otro director corrupto que está a cargo del Cereso 5. El otro alcaide que es un cabrón igual me trató mal.

Empezaron nuevamente una serie de castigos, me encerraron, me sacaban al sol y ahí me tenían durante varios días, los que me visitaban veían que estaba quemado por el sol, y no me pasaban a la población [con el resto de internos del penal]. Y me empecé a imaginar que lo que querían era dinero, y sí, es lo que querían.

Yo hablaba con el alcaide: “¿Qué está pasando?, yo no soy un preso nuevo, yo vengo de traslado, ¿por qué me tienen aquí?”. Después de mi reclamo me encerraron en el espacio de castigo y allí me tuvieron durante varios días.

Al final me pasaron a población; con orden del director y del alcaide me llevan a un lugar encerrado donde estaban todos los precisos y me dicen: “Las reglas de este penal son que todos los que llegan tienen que pagar un dinero”. Les dije: “Yo no soy nuevo, vengo del Amate”. Y me contestaron: “De todos modos debes dar diez mil pesos”.

Yo estaba más despierto, y les dije: “No tengo, si quieren castigarme o pegarme adelante, háganlo”. Finalmente les dije que me dejaran ver si la familia podía apoyarme. Pasaron varios días, me llamaban para preguntarme si lo había conseguido. Había un alcaide, un tal Lester, que era el más cabrón de allí, era el que castigaba y golpeaba. Nuevamente hicimos denuncias de lo que estaba pasando.

Tanto coraje les dio a las autoridades, que me acusaron de intento de fuga y amotinamiento. Estaba yo encerrado en mi celda, en la cueva, abajo, dormía en el piso, ya que nunca tuve dinero y no pude comprar una “plancha”, o sea un lugar en un dormitorio. Allí estaba sin imaginar lo que estaban planeando contra mí.

A las 3 o 4 de la tarde me llaman los precisos y los alcaides, ya habían avisado al director que yo estaba amotinando la gente, que me estaba fugando. Llegó el director a preguntarme qué pasaba. Yo le respondí que estaba durmiendo y no sabía, simplemente me estaban pidiendo un dinero y ahora me están fabricando este delito porque no pagué.

Nos encerraron, a mí y a otro compañero que conocí. En ese momento, además del delito que me fabricaron para meterme a la cárcel, también me estaban inculpando de otro delito, me querían dar 60 años de cárcel. Después de unos días llegó un representante del Frayba y se empezaron a hacer investigaciones, entonces las autoridades ya le bajaron.

La Voz de Los Llanos

Mucha gente de comunidades pobres me comentaba su situación. Allí conocí a varios compañeros, que también simpatizaban con la organización [del EZLN]. Así me vino la idea que para estar mejor debíamos unirnos y así formamos la agrupación La Voz de Los Llanos. Empezamos siete personas; cualquier problema que había nos defendíamos como grupo y teníamos más fuerza.

Todo lo que pasaba lo sacábamos a la luz pública, la corrupción de los funcionarios, cómo le robaban a la gente, a las visitas [los familiares], el negocio de los puestos que venden, chicle, café, comida en el patio y que son controlados por los precisos y las autoridades. A las visitas les cobran para que puedan entregar una bola de pozol[13] a sus presos; pero hay otra gente que trae mucha comida y le decían que está prohibido, aunque no sea cierto, y la comida se [la] quedaban [...] los mismos funcionarios.

Poco a poco se fue descubriendo todo lo que hacían, pero para denunciar había antes que aguantar toda la presión.

Pasó el tiempo y llegó la Contraloría del Estado a verificar lo que estaba pasando; ya tenían mucha información de lo que había salido en los periódicos. La contraloría tomó una serie de declaraciones y las cosas empezaron a cambiar, fue más tranquilo, los precisos limitaron su prepotencia, entró un nuevo director que sabía que tenía que actuar con precaución.

Estuve todavía seis u ocho meses más en la cárcel, durante los cuales cambiaron tres directores porque la gente aprendió a hacer su denuncia, acudían con La Voz de Los Llanos a preguntarnos cómo debían actuar.

El último director, inmediatamente al siguiente día de su entrada, yo hablé con él, para plantearle la realidad del grupo La Voz de Los Llanos, que nosotros vamos a respetar a las autoridades siempre y cuando éstas respeten nuestros derechos. Porque en la cárcel también tenemos derechos, aunque limitados.

La lucha dentro de las cárceles chiapanecas alcanzó su máxima fuerza entre febrero y marzo de 2008, cuando rebasó la función de denunciar las irregularidades y retomó con fuerza la lucha por la libertad incondicional de todos los presos “políticos, de conciencia e injustamente presos. En el mes de febrero, decenas de presos en distintas cárceles —en su mayoría indígenas— se declararon en huelga de hambre o ayuno, hasta sumar, a principios de marzo, 46 personas, entre hombres y mujeres, recluidos en las cárceles de El Amate, Los Llanos, Playas de Catazajá y la cárcel municipal de Tacotalpa en Tabasco. Apoyando la lucha de los internos, sus familiares mantuvieron por varias semanas un plantón frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. La excepcional movilización de los presos logró que, el 31 de marzo de 2008, fueran liberadas 137 personas que cumplían condenas o estaban procesadas por delitos del fuero común. De los que estaban en huelga de hambre, 17 personas continuaron en la cárcel,[14] pero se los liberó paulatinamente en los cinco años siguientes.